RC Personal Administraciones Públicas - Funcionarios
Las personas que ocupan un puesto de autoridad o personal al servicio de administraciones públicas asumen a título personal las responsabilidades legales que se derivan del ejercicio de su cargo.
Tanto a los funcionarios o empleados públicos como a los cargos electos y políticos les puede ser reclamada una indemnización de daños y perjuicios por parte de ciudadanos o entidades, por la propia Administración o incluso por compañeros. En ese caso, no sólo deberán hacer frente a los gastos de defensa, investigación y asistencia jurídica; sino que, en ocasiones, también deberán incurrir en costes adicionales de profesionales de la comunicación para mitigar o reparar el daño a su imagen.
En este escenario de incertidumbre, la protección del patrimonio personal a través de un seguro de RC Personal Administraciones Públicas – Funcionarios, se convierte en una protección imprescindible.
En Berkley España llevamos más de 15 años asegurando la RC, y ofrecemos el producto RC Personal Administraciones Públicas – Funcionarios.
¿A quién está dirigido?
A todas las personas que ostentan la condición de autoridad de una Administración Pública o que sean personal de la misma pueden incurrir en responsabilidad en el ejercicio de su cargo y, por tanto, están expuestos a ser requeridos a indemnizar por daños y perjuicios.
No existe un régimen diferenciado de responsabilidad entre autoridades y personal de la Administración Pública. Es decir, cualquiera de ellos – ya sean empleados o funcionarios, cargos electos o incluso cargos políticos de confianza – están sometidos a las mismas reglas de responsabilidad y a un similar marco jurídico para resolverla.
¿Qué podría ocurrirte?
RECLAMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Un ayuntamiento obligado a indemnizar a comerciantes de la ciudad por daños y perjuicios derivados de una actuación pública, decide ejercer una “acción de regreso” frente al colectivo de funcionarios responsables de la gestión, considerando que su actuación fue negligente.
RECLAMACIÓN DE
TERCEROS
La autoridad de una administración pública y varios de sus empleados reciben una reclamación en vía penal, imputándoles la comisión de un delito contra la administración pública en el ejercicio de sus respectivos cargos. Adicionalmente, se les reclaman daños y perjuicios a consecuencia de su actuación.
RECLAMACIÓN POR PRÁCTICA DE EMPLEO INDEBIDAS
Un empleado de la Administración Pública plantea una reclamación a su superior por daño moral y trastorno emocional a consecuencia de mobbing y discriminación laboral. Pese a la sentencia absolutoria, el demandado sufre un perjuicio por los costes de defensa y por el deterioro de su imagen pública.
¿Cuáles son las coberturas?
RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- Acción de regreso de la Administración Pública.
- Acción de la Administración Pública por daños y perjuicios a sus bienes y derechos.
- Acción por Responsabilidad Contable
RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS
Acciones de Responsabilidad iniciadas por cualquier persona o entidad.
RESPONSABILIDAD POR PRÁCTICAS DE EMPLEO INDEBIDAS
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Preguntas frecuentes
El Seguro de RC Personal Administraciones Públicas – Funcionarios protege el patrimonio personal de los responsables de la Administración por reclamaciones derivadas de actos de gestión negligentes que hayan causado un perjuicio a la Administración o a terceros.
Todas las personas que ostentan la condición de autoridad de una Administración Pública o que sean personal de la misma pueden incurrir en responsabilidad en el ejercicio de su cargo y, por tanto, están expuestos a ser requeridos a indemnizar por daños y perjuicios.
El régimen de responsabilidad es común a todos los poderes públicos con la excepción de los Jueces y Magistrados.
La responsabilidad, además de ilimitada, es muy dispar; pudiendo ser objeto de reclamaciones y pleitos en vía penal, investigaciones y juicios en vía administrativa o incluso a procesos en la jurisdicción laboral ordinaria.
Dentro de los diferentes ámbitos de responsabilidad, la indemnizatoria es la que cobra mayor relevancia, pues tiene un impacto severo y directo en el patrimonio personal.
Merecen mención separada las responsabilidades criminales y disciplinarias que, siendo igualmente personales, no conforman, lógicamente, un riesgo transferible a una póliza de seguro.
La responsabilidad indemnizatoria es vigente hasta la prescripción de la reclamación. Es decir, el cargo público puede ser objeto de reclamación aún después de cesar en su función en la Administración.
Un cambio de gobierno o una excedencia laboral no privan a los reclamantes de poder ejercer una acción de responsabilidad frente a los funcionarios, empleados o cargos políticos, si la misma se basa en su actuación profesional cuando ostentaban su cargo dentro de la función pública.
La Administración puede contratar la póliza directamente a la aseguradora. Sin embargo, la complejidad y especificidad de este seguro, tanto a la hora de contratarlo como para ser asesorado en caso de recibir una reclamación (siniestro), hacen aconsejable confiar en un corredor de seguros cualificado y con experiencia en el seguro de Responsabilidad Civil.
Se trata de conductas o prácticas inapropiadas sobre empleados por parte de otros empleados, con independencia de su rango o nivel, realizadas de forma activa o bien de forma pasiva mediante el consentimiento, el desconocimiento o la falta de actuación por parte del responsable.
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