Responsabilidad subsidiaria: Qué es y cuándo se aplica

Cuando una persona o una empresa incumple una obligación, lo habitual es reclamar a quien debía cumplirla. Sin embargo, hay situaciones en las que la ley permite exigir el pago o la reparación a un tercero. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad subsidiaria.

Este mecanismo aparece en ámbitos muy distintos, como el fiscal, el laboral, el civil o el penal. Su finalidad es evitar que una deuda, una indemnización o una obligación quede sin atender cuando el responsable principal no puede responder. No obstante, esto no significa que cualquier tercero relacionado con el deudor tenga que asumir sus obligaciones.

Comprender qué es la responsabilidad subsidiaria es algo fundamental para empresas, administradores, empleadores, contratistas y profesionales. Una relación empresarial ordinaria puede tener consecuencias económicas si no se cumplen determinadas obligaciones legales, o si no se aplican las medidas de control adecuadas.

¿Qué significa la responsabilidad subsidiaria?

La responsabilidad subsidiaria es la obligación que puede recaer sobre una persona física o jurídica cuando el responsable principal no cumple con una deuda, una indemnización o cualquier otra obligación exigible.

El término subsidiario indica que esa responsabilidad ocupa una posición secundaria. Primero debe reclamarse al obligado principal y, cuando se acredita que no puede cumplir, la reclamación puede dirigirse contra el responsable subsidiario.

La existencia de esta responsabilidad no depende solo de que el deudor principal sea insolvente. También debe haber una norma, un contrato o una resolución que permita atribuir la obligación a otra persona. Además, lo normal es que haga falta acreditar que concurren los requisitos previstos para cada supuesto.

El responsable subsidiario funciona como una garantía adicional para el acreedor o para la persona perjudicada. Su intervención evita que la falta de recursos del obligado principal impida cobrar una deuda reconocida o recibir la correspondiente indemnización.

Normativa sobre responsable subsidiario

No existe una única norma que regule todos los casos de responsabilidad subsidiaria. Su aplicación depende del ámbito en el que se origine la obligación. Por este motivo, para saber si una persona puede ser considerada responsable subsidiaria es necesario analizar la legislación aplicable y los hechos concretos.

Responsabilidad subsidiaria fiscal

La responsabilidad subsidiaria fiscal se regula principalmente en la Ley General Tributaria. Esta norma contempla distintos supuestos en los que una persona puede acabar respondiendo por las deudas tributarias de otra.

Uno de los casos más relevantes afecta a los administradores de sociedades. Un administrador podría ser declarado responsable subsidiario cuando la empresa haya cometido infracciones tributarias y no haya realizado los actos necesarios para cumplir las obligaciones fiscales, haya consentido el incumplimiento o haya adoptado decisiones que lo hayan facilitado.

También pueden existir consecuencias cuando una sociedad cesa en su actividad y deja deudas tributarias pendientes. En determinadas circunstancias, la Administración puede derivar la responsabilidad hacia quienes ejercían funciones de administración.

La Agencia Tributaria no puede limitarse a reclamar la deuda sin más. Debe tramitar un procedimiento de derivación de responsabilidad, identificar su fundamento jurídico y conceder al afectado la posibilidad de presentar alegaciones. Con carácter general, la declaración de responsabilidad subsidiaria requiere que el deudor principal y, cuando corresponda, los responsables solidarios hayan sido declarados fallidos.

Por este motivo, los administradores deben controlar la situación fiscal de la empresa, documentar sus decisiones y actuar con diligencia ante problemas de liquidez. La falta de fondos de una sociedad no convierte a su administrador en deudor, pero una actuación negligente puede aumentar el riesgo de derivación.

Responsabilidad subsidiaria laboral

En el ámbito laboral, las relaciones entre empresas contratistas y subcontratistas pueden generar responsabilidades por salarios, cotizaciones y otras obligaciones relacionadas con los trabajadores.

Sin embargo, no todas estas responsabilidades son subsidiarias. El Estatuto de los Trabajadores establece, en determinados casos de contratación o subcontratación de obras y servicios correspondientes a la propia actividad, un régimen de responsabilidad solidaria. Esto permite que el trabajador o la Administración reclame a la empresa principal dentro de unos límites y plazos establecidos.

La responsabilidad subsidiaria laboral aparece en otros supuestos previstos por la normativa. Puede producirse, por ejemplo, cuando existe una obligación de pago vinculada a la insolvencia del empresario principal o cuando una norma atribuye a otra entidad una función de garantía.

Para prevenir riesgos, una empresa que contrata servicios externos debe comprobar que sus proveedores cumplen sus obligaciones laborales y con la Seguridad Social. También conviene definir el objeto del contrato, solicitar la documentación correspondiente y supervisar que la prestación se realiza de acuerdo con la legalidad.

Externalizar un servicio no siempre significa externalizar todos los riesgos. Dependiendo de las circunstancias, la empresa principal podría verse obligada a asumir cantidades que correspondían al contratista en principio.

Responsabilidad civil subsidiaria

La responsabilidad civil subsidiaria obliga a una persona o entidad a indemnizar los daños causados por otra cuando el responsable directo no puede afrontar el pago y se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

Esta figura puede aparecer cuando el daño guarda relación con una actividad empresarial, profesional o administrativa. La conexión entre el autor del daño y el responsable subsidiario debe ser suficiente para justificar que este último asuma las consecuencias económicas.

En determinados casos, una empresa puede responder por los daños provocados por sus empleados durante el desarrollo de sus funciones. Para que exista responsabilidad, será necesario analizar si el hecho ocurrió en el ejercicio de la actividad, si existía una relación de dependencia y si el daño mantiene una relación adecuada con el trabajo realizado.

La responsabilidad civil subsidiaria tiene especial relevancia para las empresas porque una reclamación puede afectar directamente a su patrimonio. Contar con procedimientos internos de prevención, protocolos de actuación y seguros adecuados ayuda a reducir el impacto económico de los daños causados a terceros.

La póliza debe adaptarse a la actividad y a los riesgos reales del negocio. No todas las coberturas de responsabilidad civil incluyen los mismos supuestos, límites o exclusiones. Por ello, es esencial revisar el alcance del seguro y comprobar si responde a las necesidades concretas de la organización.

Responsabilidad subsidiaria en el ámbito penal

En un procedimiento penal, la persona condenada por un delito puede estar obligada a reparar los daños y perjuicios ocasionados. Cuando no dispone de recursos suficientes, el Código Penal permite que determinadas personas o entidades respondan de forma subsidiaria.

Entre otros supuestos, pueden responder los titulares de establecimientos cuando el delito se haya cometido en ellos y exista un incumplimiento de normas relacionado con el hecho. También pueden hacerlo las personas o empresas dedicadas a actividades económicas por los delitos cometidos por sus empleados o dependientes durante el desempeño de sus funciones.

Las administraciones públicas también pueden asumir responsabilidad civil subsidiaria por los daños causados por determinadas autoridades, agentes o empleados públicos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas legalmente. Los artículos 120 y 121 del Código Penal recogen varios de estos supuestos.

Esta responsabilidad es civil, aunque se determine dentro de un proceso penal. La empresa o entidad declarada responsable subsidiaria no recibe la pena correspondiente al autor del delito, pero sí puede quedar obligada a pagar la indemnización cuando el condenado no la abona.

¿Cuándo se aplica esta responsabilidad?

La responsabilidad subsidiaria se aplica cuando existe una obligación principal incumplida y una norma permite trasladar sus consecuencias a un tercero. No basta con que haya una relación comercial, laboral o personal entre ambos.

En primer lugar, debe identificarse al responsable principal. Después, normalmente será necesario reclamarle el cumplimiento y acreditar que no puede pagar o que la ejecución de sus bienes resulta insuficiente. El momento exacto en el que puede dirigirse la reclamación contra el responsable subsidiario depende de cada normativa y del procedimiento aplicable.

También debe existir una causa concreta que justifique la derivación. Puede ser la condición de administrador, la relación de dependencia con el autor de un daño, el incumplimiento de un deber de vigilancia o la vinculación entre el hecho perjudicial y una determinada actividad.

La responsabilidad no tiene por qué abarcar siempre toda la deuda. Su alcance puede estar limitado por la ley, por la resolución judicial o administrativa, por el periodo durante el que se ejerció una función o por la relación entre la conducta del responsable y el daño producido.

Por eso, cada reclamación exige revisar el origen de la obligación, las personas implicadas, las actuaciones realizadas y los plazos. Ser declarado responsable subsidiario puede tener importantes efectos patrimoniales, pero el afectado conserva el derecho a formular alegaciones y recurrir la decisión cuando no se cumplan los requisitos legales.

Ejemplos de responsabilidad subsidiaria

Un ejemplo habitual se produce cuando una sociedad deja de pagar determinadas deudas tributarias y cesa su actividad. Si la Administración acredita que el administrador no actuó con la diligencia exigible y concurren las condiciones previstas en la Ley General Tributaria, puede iniciar un procedimiento para exigirle el pago de forma subsidiaria.

Otro caso puede surgir cuando un empleado causa daños a un cliente mientras realiza las funciones que le ha encargado su empresa. El trabajador sería el responsable directo, pero la empresa podría tener que indemnizar al perjudicado si aquel no puede hacerlo y se demuestra la conexión entre el daño y la actividad profesional.

También puede ocurrir que en un establecimiento se cometa un delito favorecido por el incumplimiento de medidas obligatorias de seguridad o control. Si el autor no dispone de bienes suficientes para pagar la indemnización, el titular del establecimiento podría ser declarado responsable civil subsidiario cuando se cumplan los requisitos del Código Penal.

En todos estos ejemplos existe un elemento común: la persona que responde en segundo lugar no sustituye desde el principio al responsable principal. Su obligación aparece como consecuencia del incumplimiento de este y de una previsión legal que permite ampliar la garantía de cobro.

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