LAS ENERGÍAS VERDES, MÁS SEGURAS

Las energías renovables son uno de los principales pilares para paliar el cambio climático y, por lo tanto, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por Naciones Unidas para la Agenda 2030. Estas políticas energéticas sostenibles, ineludibles para empresas y ciudadanos, así como la constante subida de los precios de la energía generada por fuentes no renovables, están impulsando el desarrollo y la implantación creciente de sistemas de energía renovable.

Estas energías renovables, además de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, reducen en buena medida la dependencia energética, ya que aseguran un consumo y producción autónomos. Según los últimos datos publicados por Red Eléctrica de España (REE), el auge en la producción renovable logró que 2020 fuera el año con mayor producción libre de emisiones de CO2, equivalente desde que se cuenta con registros (2007). Así, según los datos de REE, el 66,9% de todos los GWh de electricidad generados en 2020 proceden de tecnologías que no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Dato del que se deduce que las emisiones derivadas de la generación de electricidad se han reducido un 27,3% respecto a las de 2019.

Como consecuencia de estas ventajas, cada vez son más las empresas y organizaciones de todo tipo que deciden implantar la producción de energías renovables como parte de su modelo de negocio. Este tipo de instalaciones individuales de energías eólicas, fotovoltaica o de biomasa requieren hacer frente a elevados costes en la fabricación a medida para cada uno de las instalaciones, así como en el montaje de las mismas y la conexión a la red eléctrica.

Para poder solicitar a la Administración correspondiente la instalación de un sistema de energía autónomo, surge la necesidad de una garantía llamada garantía de conexión. Así, la Administración Pública, a través del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio y el Real Decreto 1183/2020, de 29 de Diciembre, marca la necesidad de una garantía legal que asegure que el desarrollador o promotor del proyecto lo llevará a cabo de principio a fin, desde la tramitación de autorizaciones administrativas hasta la puesta en marcha del proyecto.

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¿QUÉ TIPO DE INSTRUMENTOS DE GARANTÍA EXISTEN PARA EL AVAL DE CONEXIÓN?

Para cubrir esta necesidad, las empresas desarrolladoras de redes de energías renovables pueden hacer uso de tres tipos de garantía:

Aval bancario: y computa en la Central de Información del Riesgo del Banco de España (CIRBE), lo que supone una traba, si además del aval, la empresa requiere financiación adicional.

Fondos propios de la empresa: si la empresa dispone de fondos propios, puede dejarlos inmovilizados como sistema de garantía.

Seguro de caución especializado: esta garantía no computa en CIRBE y no requiere la inmovilización de fondos, ya que la asegura responde por la empresa licitadora, aunque sí deben cumplirse una serie de requisitos, tales como. Contrastada experiencia en desarrollo de energía en el mercado Español y solidez financiera suficiente de cara a poder hacer frente al elevado coste de desarrollo que exigen estos proyectos.

Sin duda, analizando todas las opciones, una de las que ofrece mayores ventajas es el seguro de caución. En el caso de Berkley, la compañía cuenta con el seguro de Caución Acceso a la red / Energías Renovables de Berkley España.

En cuanto a las coberturas básicas de este producto, el seguro de caución responde de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias y de la posterior construcción de un parque de energía renovable hasta la puesta en explotación del mismo.

Como ocurre en los seguros de caución que se utilizan con Administración Pública, en esta tipología de seguro, el tomador de la póliza (empresa licitadora) no coincide con el asegurado (administración pública).

En definitiva, el seguro de caución resulta un instrumento muy útil para aquellas empresas que quieren conseguir la autorización administrativa par la instalación de redes de energía autónoma, presentando la garantía exigida, sin socavar la maniobrabilidad financiera, sin afectar el balance de la compañía y a cambio de un coste razonable.

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